Texto publicado en El Norte de Castilla el Viernes 28 de Mayo de 2021
https://www.elnortedecastilla.es/opinion/buen-trato-cuidado-20210528175424-nt.html
Tomás Aller Floreancig. Experto en Políticas de Buen Trato dirigidas a la infancia y personas en situación de vulnerabilidad. Fundador del Instituto de Innovación, Desarrollo e Impacto Social (iidis)
Han pasado seis años desde que nos reunimos para redactar el primer borrador de lo que hoy es ya una realidad: la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia de la Violencia (LOPIVI) En este tiempo han sucedido muchas cosas. Todos hemos cambiado -unos más que otros- por dentro y por fuera y nuestro ecosistema social y natural también lo ha hecho. Sin embargo, en lo que a infancia se refiere, los retos siguen siendo los mismos. Y no sólo los retos que ya estaban por aquí entonces, sino también todos aquellos que las personas y las organizaciones que trabajamos para y con los niños, niñas y adolescentes llevamos tiempo evidenciando. Su futuro se ha visto comprometido por nuestro presente, pero también lo ha sido su pasado, acechado por problemas a los que no hemos sabido dar solución y circunstancias cuyos efectos hemos preferido ignorar. Hasta ahora.
Si algo ha caracterizado el proceso de gestación de esta Ley es su transversalidad. En todos los sentidos. Promovida por el PP a instancias del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, quien solicitó una estrategia integral contra la violencia hacia las personas menores de edad en España que sirviese como referente internacional, ha sobrevivido a varios Ejecutivos de todos los colores y si algo bueno ha tenido lo dilatado de su desarrollo ha sido el permitir la participación de una amplia variedad de agentes sociales procedentes de distintos ámbitos y sectores, cuyas contribuciones han hecho posible integrar en el articulado de la norma reclamaciones que veníamos poniendo sobre la mesa desde hace tiempo. Dichos agentes sociales han podido poner el foco sobre sus preocupaciones, pero también han formulado soluciones y ensayado nuevos puntos de vista para viejos problemas.
Esta transversalidad también se evidencia en el número de contextos en los que participan los niños, niñas y adolescentes y que la norma revisa, persiguiendo una perspectiva integral e integradora. Si bien no siempre se alcanza a dar una respuesta integral (por ejemplo, al establecer como obligatoria la prueba preconstituida para personas menores de 14 años, pero no a partir de esa edad, lo cual puede dar lugar a procesos de revictimización de los adolescentes obligados a declarar ante el Juez que así lo considere), al menos está claramente definida esta voluntad en el horizonte del texto.
Fruto de esta transversalidad y del lento cocinado del articulado, que ha permitido ir macerado poco o poco los aspectos más complejos de la norma, es el alto grado de consenso logrado entre prácticamente todos los operadores, incluyendo el político. Esto no implica que el texto satisfaga todas las expectativas de todos aquellos que han participado en su construcción, pero sin duda es un muy buen punto de partida para seguir avanzando juntos. La unanimidad en temas de infancia suele ser frecuente -especialmente si se trata de la que afecta a niños, niñas y adolescentes-, pero no tanto su abordaje.
La violencia contra la infancia es un fenómeno complejo, multicausal y resultante de la interacción de numerosos factores que tienen que ver tanto con la dimensión individual como con la colectiva y social, incluyendo intangibles como pueden ser los sistemas de valores, las normas socialmente aceptadas o la existencia de estructuras de apego seguro y dinámicas generadoras de resiliencia. Por lo tanto, los problemas complejos no deben simplificarse, siendo el principal instrumento de simplificación la ideología, además de constituirse en la barrera fundamental que bloquea el tan necesario consenso en estos temas.
Pese a que el conocimiento científico no deja de aportar evidencias respecto a cuáles son las estrategias más efectivas, eficaces y eficientes para la prevención, detección y respuesta ante situaciones de violencia contra las personas menores de edad, eso no quiere decir que las personas e instituciones que tienen que tomar decisiones se pongan de acuerdo. Una de las demandas más consistentes y recurrentes por parte de quienes trabajamos en este ámbito tiene que ver precisamente con la necesidad de construir soluciones en base a las aportaciones de las distintas disciplinas. Aunque no es posible en todos los casos -a día de hoy- tomar decisiones basadas en la evidencia, al menos sí que podemos avanzar en esa dirección, integrando en nuestra práctica cotidiana el principio de la evaluación sistemática, la recopilación de evidencias y la orientación hacia la mejora continua como la única vía ética de hacer las cosas bien y cada vez mejor. Esto nos lleva a una forma de entender la innovación que no siempre tiene que ver con nuevas formas de hacer las cosas, sino con profundizar en cómo hacerlas mejor. La mejora continua aplicada a todo lo que afecta a las personas menores de edad debe ser considerada como una concreción del buen trato.
En este campo las lecturas ideológicas distorsionan la realidad hasta el punto de generar realidades paralelas que sólo sirven para crear confusión e incrementar la desprotección de las personas menores de edad en este caso. Es por esto por lo que otra de las manifestaciones del buen trato hacia las personas menores de edad es la construcción de una perspectiva común respecto a cómo protegerla sin caer en la sobreprotección al tiempo que se posibilita el mayor desarrollo posible de sus capacidades y competencias personales e interpersonales.
Al mismo tiempo, quienes hemos participado en el desarrollo de marcos normativos sabemos que no siempre es necesaria una nueva Ley; a veces es suficiente con que se empiecen a cumplir las que ya existen. Y este ha sido -en parte- el caso. La LOPIVI recalca la obligatoriedad de algunos supuestos que ya estaban formulados en marcos normativos previos (como puede ser la obligación tanto de los profesionales como de la ciudadanía en general de comunicar a los dispositivos especializados las sospechas de que una persona menor de edad pueda estar siendo víctima de alguna modalidad de violencia), pero también articula principios y procedimientos que no son nuevos, pero cuya ausencia en los textos legales era una evidencia de la falta de interés en el tema por parte de algunos operadores o -cuando menos- de su miopía, ya que tener como objetivo el bienestar de los niños, niñas y adolescentes implica invertir no sólo en su presente y su futuro, sino en nosotros como sociedad y país.
La LOPIVI ha supuesto un esfuerzo por integrar todos estos aspectos en un marco normativo común que debe ser adaptado por las administraciones autonómicas. Sin embargo, uno de los factores de innovación del que debemos sentirnos más orgullosos es cómo el principio del buen trato se cuela por todos los entresijos de la norma y termina configurando su espíritu. Si realmente queremos lograr una protección efectiva de los niños, niñas y adolescentes necesitamos crear entornos libres de violencia (eje de prevención) al tiempo que desarrollamos todo su potencial en las mejores condiciones posibles (eje de la capacitación -o, como se dice ahora- empoderamiento), a través del cual se pueden desarrollar las competencias y adquirir los conocimientos, habilidades y valores necesarios para una vida plena. La intersección de ambos ejes da lugar a muchas cosas interesantes (y todas buenas si se hace bien), entre ellas la resiliencia, entendida como la capacidad de un individuo o de un colectivo para afrontar y gestionar la adversidad. Esto nos lleva a la consideración de si la evitación o negación del sufrimiento protege o realmente genera desprotección. El sufrimiento -al igual que la adversidad- es inherente a la condición humana por lo cual, si queremos que los niños, niñas y adolescentes sean empáticos, compasivos y que vivan una existencia plena, debemos acompañarlos en el proceso que supone aprender a reconocer e integrar sus emociones en su experiencia vital.
Para poder hacer realidad todo ello necesitamos tres enfoques simultáneos y complementarios. Por una parte, el enfoque de la protección, el cual responde a la pregunta ¿qué hay que evitar?, centrándose en lo que no debemos hacer. Por otra parte, necesitamos la otra cara de la moneda: el enfoque del buen trato, que responde a las preguntas ¿qué es lo que sí debemos hacer? ¿qué tenemos que potenciar? Este enfoque de bienestar, proactivo y centrado en crear capacitación, resulta bastante más complejo de concretar ya que -como todo en la vida- es más fácil saber lo que uno no debe hacer que lo que uno debe hacer, un claro reflejo de nuestra inercia a pensar en negativo a la hora de posicionarnos en el mundo. Finalmente, el enfoque de la protección y del buen trato necesitan de un tercero: el cuidado mutuo, entendido como una proyección de mi capacidad para cuidar de mí mismo, lo cual me lleva a ser consciente de que en ocasiones necesito ser cuidado, abriendo así la puerta a la obligación ética de cuidar de otros y, por extensión, cuidar de mi entorno social (formado por los otros), natural (dando lugar a la conciencia ecológica) y -cada vez más- virtual, confluyendo todo ello en el ejercicio de la ciudadanía activa que tanto necesitamos.
Todo ello se encuentra recogido -por fin- en el nuevo marco legislativo que ahora estrenamos. Como venimos diciendo desde hace tiempo: si quieres resultados distintos, no sigas haciendo lo mismo. Ha llegado el momento de hacer que esto sea sólo una frase bonita para empezar a ser una realidad; al menos en lo que a los niños, niñas y adolescentes se refiere.
